María Luisa Peralta tiene 47 años y es de Buenos Aires, es bióloga y activista LGTB. Hace tres años decidió formar parte de Akahatá (una asociación de activistas de América Latina) convencida de que, desde ese espacio, podría concretar coaliciones para la incidencia política y legal en defensa de los derechos sexuales de las personas.
María Luisa es una activista y madre lesbiana que ha luchado por el acceso público a las tecnologías reproductivas, así como para visibilizar las distintas formas de configuración de las familias LGTBI y enfrentarse a los grupos antiderechos. En Akahatá es responsable de la vinculación regional, su labor ocurre en el marco de las iniciativas que se proponen a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Mercosur. Actualmente, también colabora con AWID (una organización global, feminista, que trabaja para lograr la justicia de género y los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo) con la intención de democratizar el acceso a discusiones que sirvan para entender a los géneros y las sexualidades.
Debido a su trayectoria, a su postura ideológica y sus esfuerzos, María Luisa ha obtenido experiencias clave en la identificación de los grupos antiderechos. Esto la ha llevado a dar conferencias en México y en América Latina sobre su estructura, cómo se organizan, quiénes los financian, cuáles son sus estrategias en la ONU, cuál es el vocabulario que utilizan. En primer lugar, para ella es esencial nombrar a los grupos antiderechos como tales y no como conservadores o fundamentalistas pues, el problema de llamarles de esta manera es que hace parecer que sencillamente se trata de grupos religiosos, cuando no es así; entre ellos también hay grupos laicos y, a veces, Estados que van en contra de los derechos reproductivos, sexuales o LGTBI. El discurso estratégico de estos grupos es enfocarse en los derechos humanos fundamentales (como el derecho a la vida, a la seguridad, a que no te esclavicen), pero eso sólo es una trampa retórica, porque no reconocen —al contrario, oscurecen — otros derechos (como los de las mujeres, el derecho al aborto o a la sexualidad).
María Luisa también enfoca su activismo y lucha en las maternidades lésbicas: “Solemos recibir una mirada de un feminismo heterocentrado que nos acusa [a las madres lesbianas] de estar cediendo a un mandato patriarcal, entonces nosotras respondemos que el mandato patriarcal es no ser madres, una especie de precio que se nos impone pagar si queremos vivir nuestra sexualidad; por eso nosotras tenemos que conquistar nuestro derecho a ser madres”. Y por esto es que, además, es prioritario visibilizar las distintas formas de configuración de las familias lésbicas, es decir, cómo acceden a la maternidad (arreglos vinculares, en pareja, solas, en familias multiparentales, por adopción o hijos que se han tenido en otras relaciones) y centrándose en las co-maternidades que utilizan tecnología reproductiva.
De tal manera, como parte de los planteamientos feministas de María Luisa, se vuelve fundamental hablar de la reapropiación de tecnologías reproductivas que únicamente se pensaron para las parejas heterosexuales con problemas de fertilidad y darles otro significado, otro uso: “Tenemos que disputar las biotecnologías, finalmente, nosotras somos las que las defendemos, las que hemos peleado la legislación, el acceso a ellas. El feminismo suele tener un problema con las tecnologías de intervención corporal, tiende a verlas como encarnizamiento y no como algo que es la segunda instancia de la píldora. Hace años, la píldora permitió tener relaciones que se querían, evitando embarazos que no se deseaban; ahora, con la inseminación, tenemos embarazos que queremos, evitando relaciones sexuales que no deseamos”.
En Argentina, con mucho trabajo del activismo, desde 2013, se logró que el acceso a la fertilización se legislara. Allá, todo el sistema de salud (el público, el laboral y la medicina privada) tiene que dar cobertura a las tecnologías reproductivas y, a diferencia de otros países, ya no tienen limitaciones por orientación sexual o identidad de género.
En cambio, las situaciones en el resto de Latinoamérica son desiguales: “En México hay registros de co-maternidad, pero, por ser un país federal hay mucha diferencia entre lo que sucede en los estados. En la Ciudad de México se puede registrar la co-maternidad con un trámite simple, mas no en el resto del país. En Colombia, la lesbiana que gestó y que pare queda registrada como madre, sin embargo, la otra tiene que hacer adopción de su hijo. En Brasil va por la vía judicial. En Uruguay las leyes correspondientes son muy similares a las de Argentina y es de notar que, en estos temas, tienen una mejor legislación que en Estados Unidos”.
Así, la lucha de María Luisa tiene repercusión en el activismo de todo el continente americano debido a que fortalece y respalda la defensa de los derechos humanos sin condicionamientos ni juicios. En lo personal, su lucha le ha ganado el respaldo legal para ejercer la co-maternidad y, en lo social, el hecho de defender y visibilizar las causas que atraviesan el cuerpo de las mujeres y de sus familias, abona a la formación de todos, para que las niñas y niños puedan hablar de ello en la escuela y, en general, se cultive el respeto.
La Ley 26.862 de producción Médicamente Asistida, también conocida como Ley de producción Humana Asistida fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el 5 de junio de 2013.
- La norma establece que todas las personas mayores de edad que así lo expliciten pueden acceder a los tratamientos de fertilización, así como a los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
- Al no considerar la infertilidad como una enfermedad, ni establecer restricciones por edad, estado civil u orientación sexual, esta ley abre la puerta para que las parejas homosexuales y las mujeres solteras también puedan acceder a las técnicas implicadas.